Por: Josué Leonardo Torres

EL CONTEXTO

Al día de hoy, es de todos conocido el aumento de la criminalidad y la violencia en Honduras, al punto de haber alcanzado los niveles de homicidios más altos a nivel mundial; sin embargo, en el marco de ésta coyuntura se ha venido suscitando una serie de asesinatos contra personas de alto perfil político o público, causando conmoción a nivel nacional.

Con base a ello, — y por la magnitud de la crisis — la necesidad de apuntar sobre los crímenes de “alto impacto” en el país, su relación con las altas esferas del poder y un obligatorio análisis reflexivo — tanto a nivel nacional como internacional — sobre quiénes están dirigiendo las instituciones que velan por la seguridad del país; y aún más importante, conocer cuáles han sido los propósitos ocultos tras éstas crisis que han sido planificadas y mediatizadas calculadamente.
Sobre el caso particular de Honduras, la agudización de la crisis que atraviesa la Policía Nacional se vuelve más visible a partir del Golpe de Estado del 2009, donde los grupos de poder más oscuros del país (incluyendo al narcotráfico) terminaron de quebrantar, la ya debilitada institucionalidad del Estado. Esto generó un clima propicio para que los órganos encargados de proteger a la ciudadanía hondureña (incluyendo a los militares), se hayan convertido en Gendarmería del Crimen Organizado y en agencias de contratación de sicarios y gatilleros de alta calidad.

A manera de esbozo, puedo mencionar que el deterioro de estas instituciones armadas, se ve alimentado y condicionado por razones históricas de orden estructural, como ser; leyes arcaicas, herencia de esquemas militares de guerra, un desfasado esquema de formación doctrinaria y de administración de recursos.
Así mismo y como parte indisoluble de ello, tenemos algunas situaciones que cambian en base a los tiempos, como ser; la contaminación de estas crisis y sus soluciones objetivas con discursos y campañas politiqueras, la corrupción sistémica aprobada y dirigida — inclusive — desde las cúpulas (políticas, empresariales y grupos criminales), la cual en última instancia desciende hasta las escalas básicas, entre otras.
He aquí presento ésta gansteril historia, cual si habláramos de alguna novela dantesca de drama político, a continuación:

MAFIAS EN LA POLICÍA DE HONDURAS

El día Lunes, 4 de abril del presente año, fue publicado en el diario de mayor circulación de Honduras — El Heraldo — un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, que revela detalles sobre la planificación del ASESINATO, —hace 7 años — del entonces Director de Lucha Contra el Narcotráfico Julián Arístides González ; la nota periodística causa conmoción a nivel nacional debido a que este diario señala como responsables del hecho, a ALTOS funcionarios de la cúpula policial del país (durante ese período), quienes habrían perpetrado el hecho por órdenes de poderosos capos de la droga.

Por si fuera poco, — y con base a las investigaciones — este crimen fue PLANIFICADO en las propias oficinas del Cuartel General de la Policía de Casamata en Tegucigalpa.
En el marco de ésta coyuntura, el día Martes, 5 de abril en un foro televisivo matutino participó la ex comisionada de Policía (Asuntos Internos) y regidora del Partido Libre (izquierda) María Luisa Borjas, denunciando a los ex ministros de seguridad de los periodos 2009, 2010 — 2012, por su complicidad en actos reñidos con la ley y de propiciar la putrefacción en la que se encuentra esta institución policial. Luego de haber participado en dicho foro de TV, a nuestra regidora le fue HACKEADA su cuenta en Twitter ; posteando en su foto de perfil a una mujer asesinada y torturada; dejando asimismo un mensaje de amenaza.

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Luego de las revelaciones hechas por El Heraldo, la sede de la policía fue intervenida por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público para realizar indagaciones e incautar información sobre dicho caso — 7 largos años después llenos de impunidad, silencio y corrupción—.
Algo que debe quedar claro, es que ésta no es la primera vez que se lleva a cabo un crimen de “alto impacto”; en muy similares circunstancias murieron a manos de sicarios, el Ex Asesor de Seguridad Alfredo Landaverde — quien en días anteriores a su asesinato, denuncio en un foro televisivo matutino, a jerarcas policiales de conocer las estructuras del crimen en Honduras —.; así mismo fue ejecutado a balazos a manos de sicarios, el apodado “Fiscal de Oro” Orlan Chávez , quien de igual manera fue blanco fácil de estas hordas gansteriles policiales de alto rango y de narcotraficantes que mantienen en estado de secuestro la seguridad de los ciudadanos.
Todos estos elementos expuestos, nos hacen casi imaginar una película de drama político o una serie de “Al Capones” de Centroamérica. Sin embargo, es ésta la realidad más concreta y sin filtros de cómo se manejan los verdaderos hilos del poder y la corrupción en nuestros débiles “Estados Democráticos”, y nos debe llevar a la reflexión sobre quiénes son realmente los que gobiernan — y qué realmente hacen— y quiénes somos los gobernados.

¿Será acaso que éstos mafiosos organizados son los que en la palestra pública y en calidad de funcionarios, ofrecen soluciones a la ciudadanía, pero en privado ellos mismos planean toda clase de atrocidades?

SEGURIDAD Y DEPURACIÓN POLICIAL

Como producto de ésta crisis, que alcanza su cenit en los años 2009 (régimen de facto) — 2012 (post—golpe), se impulsa de carácter urgente una agenda de seguridad nacional que tiene como principal propósito depurar la policía civil — quitarle las “manzanas podridas” —, esfuerzo que hasta el día de hoy sigue inconcluso y que por el contrario ha sido sustituida por una agenda de militarización de las funciones civiles de la seguridad pública en el país, y que el primer interesado en orquestar dicha agenda antidemocrática es el actual gobernante Juan Orlando Hernández, quien desde que controló el Congreso (2010 — 2014) al estilo de House of Cards se dedicó a darle poderes absolutos a los militares y debilitando muy sutilmente la Policía Nacional.

Preciso advertir que la agenda de depuración ha sido impulsada y hasta financiada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en Tegucigalpa, sustentada por investigaciones de ONG’s y abanderada por partidos políticos de oposición (hechos que no necesariamente representan conexión alguna); y por otra parte tenemos la agenda de militarización, impulsada por el gobernante Partido Nacionalista a través del presidente actual (Derecha).
Estas situaciones han propiciado precisamente el clima de horror y violencia que vive el pueblo hondureño al verse en franca indefensión, teniendo por una parte a gánster—policías que lejos de combatir la delincuencia y el crimen organizado, son parte estructural e institucional del mismo; y por otro lado a militares sin entrenamiento para lidiar con la seguridad ciudadana, violadores de los Derechos Humanos (además golpistas), expuestos a coludirse con el crimen y por si fuera poco, un instrumento de totalitarismo político del actual gobernante.

REFLEXIONES POLÍTICAS

La seguridad pública y ciudadana no es un asunto exclusivo de policías y militares, sino de toda la ciudadanía. Las particularidades de cada crisis, corresponden a realidades específicas; en este caso la de Honduras. Sin embargo hay elementos que traspasan las fronteras y que nos pueden servir para analizar el comportamiento real de la violencia y la criminalidad desde la óptica del poder.

Es obligatorio presionar al Estado de Honduras y al Gobierno de la República, a que desmantele de inmediato los escuadrones de la muerte, que operan bajo la sombra de la institucionalidad armada del país y que no solamente sirven a los intereses del crimen organizado, sino que también son instrumento de persecución política contra aquellos/as que denuncian los abusos del Estado.

Que aun sabiendo que los organismos policiales y militares de nuestro país han servido históricamente a intereses políticos, oligárquicos y de grupos criminales; es irresponsable utilizar éstas crisis para perpetuar políticas totalitarias y de concentración de poder; y que por el contrario, lo oportuno sería profesionalizar estos entes del Estado con base a las necesidades del país y lejos de agendas antidemocráticas promovidas desde los grupos de poder del país y las manos sucias de políticos corruptos.
Que los esfuerzos iniciales de depuración policial como esfuerzo del Estado, fueron apoyados por la Embajada estadounidense en Tegucigalpa, acuerpados por investigaciones científicas de expertos en la materia, y llevados hasta el pleno del Congreso por bancadas opositoras encaminadas a transformar la actual Policía Nacional de Honduras, en una Policía Comunitaria más cercana a los ciudadanos, y que contrariamente a lo esperado, el partido en el gobierno ha retrasado ese proceso para convertir las unidades militares (entrenadas para la guerra) en unidades policiales: Policía Militar del Orden Público PMOP, sin aún mencionar la cantidad trillonaria de recursos que eso ha representado, las violaciones a los derechos humanos y los peligros constitucionales que representa su existencia operativa.

Para finalizar, que representaría un error histórico y un acto de complicidad del actual gobierno, el no contribuir para que se envíe a la cárcel a los funcionarios de alto rango en la policía y el ejército que están involucrados en crímenes, violaciones de los derechos humanos y actos reñidos con la ley; continuando así la contaminación y el deterioro de las instituciones que velan por la seguridad de los ciudadanos, dándole paso a esquemas antidemocráticos y autoritarios de seguridad pública.

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